Dos jueces federales en Estados Unidos han dictado resoluciones que restringen la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por el gobierno del presidente Donald Trump para deportar inmigrantes a El Salvador. Según un informe de France 24, los tribunales han establecido que se deben proporcionar notificaciones previas y documentación en un idioma accesible para los involucrados, con el objetivo de salvaguardar su derecho al debido proceso.
Las sentencias protegen a cientos de inmigrantes detenidos en centros de detención, quienes eran privados de la libertad para ser trasladados a la megacárcel CECOT en El Salvador, sin audiencia previa ante un juez. Esta medida judicial responde a acciones legales interpuestas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alegó violaciones al derecho constitucional de defensa de los migrantes detenidos.
De acuerdo con France 24 y otros medios estadounidenses, los jueces federales Charlotte Sweeney, de Colorado, y Alvin Hellerstein, del distrito de Manhattan, determinaron que el gobierno federal no puede proceder con las deportaciones sin cumplir ciertos requisitos legales mínimos.
La Ley de Enemigos Extranjeros es una normativa creada en 1798 durante un contexto de guerra, cuyo objetivo original era permitir la deportación de ciudadanos de países enemigos en tiempos de conflicto. Sin embargo, la administración de Donald Trump intentó utilizarla para expulsar a migrantes considerados una amenaza a la seguridad nacional, sin ofrecerles audiencias judiciales.
Esta aplicación excepcional de la norma permitió al gobierno justificar la deportación de venezolanos señalados como miembros de pandillas, enviándolos directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), sin prueba judicial ni evaluación migratoria.
El tiempo que tarda en deportarse a un inmigrante en EE.UU. varía significativamente según el tipo de proceso migratorio al que esté sujeto. En casos de "remoción expedita", que se aplican a personas que han estado en el país por menos de dos años y no han pasado por un control migratorio, la deportación puede ocurrir en cuestión de días, incluso dentro de las 24 horas posteriores a la orden de deportación. Por ejemplo, la administración Trump utiliza esta vía para deportar rápidamente a inmigrantes venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, con deportaciones que pueden ejecutarse en menos de 24 horas.
Por otro lado, los inmigrantes que enfrentan procedimientos judiciales completos en tribunales de inmigración suelen experimentar tiempos de deportación mucho más largos. Según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), el tiempo promedio para que un caso de deportación llegue a juicio es de 1.016 días, es decir, aproximadamente tres años.