Malas noticias para inmigrantes en EEUU: administración de Trump confirma proceso para acelerar deportaciones con el sistema electoral 2025
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos planea acelerar las deportaciones de inmigrantes indocumentados para 2025, buscando frenar el fraude electoral y el uso indebido de servicios públicos.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha revelado su plan para agilizar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados, con miras a implementarlo en 2025, según un informe de Fox News. Tanto el presidente Donald Trump como Kristi Noem han expresado su preocupación por "los problemas relacionados con el fraude electoral y el abuso de servicios públicos" por parte de aquellos que no tienen una situación migratoria regular en Estados Unidos.
Ante ello, el sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE) se encuentra bajo revisión y jugará un papel crucial en este proceso. El DHS señaló que se actualizarán los mecanismos de verificación del estatus migratorio.
Administración de Donald Trump acelerará deportaciones de inmigrantes en EEUU
Fox News informó que la administración de Donald Trump está tomando medidas más agresivas para reducir la presencia de inmigrantes indocumentados en EE.UU., buscando agilizar los trámites de deportación. Por su parte, Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, señaló que los inmigrantes indocumentados afecta el sistema electoral del país. "Los inmigrantes indocumentados han explotado sistemas obsoletos para defraudar a los estadounidenses y contaminar nuestras elecciones", escribió Noem en la red social X.
Con el objetivo de evitar el fraude electoral y garantizar que los inmigrantes no accedan indebidamente a derechos y beneficios, el DHS ha anunciado la renovación del sistema SAVE. "El sistema SAVE renovado garantiza que los funcionarios gubernamentales puedan verificar rápidamente los estatus migratorios, frenando el fraude electoral y el acceso a la asistencia social", explicó un portavoz del DHS.
¿Qué es SAVE en Estados Unidos?
El Sistema de Verificación Sistemática de Extranjeros para Derechos (SAVE) es un programa utilizado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para verificar el estatus legal de los no ciudadanos que solicitan servicios públicos o beneficios federales. Este sistema permite que los funcionarios del gobierno verifiquen rápidamente si una persona es elegible para recibir beneficios, evitando que inmigrantes indocumentados aprovechen recursos del gobierno destinados a ciudadanos y residentes legales.
El sistema SAVE busca prevenir el fraude en los programas de asistencia pública. Además de su uso en la verificación del estatus migratorio, el sistema también juega un papel fundamental en la gestión de datos de los inmigrantes, ayudando a las agencias gubernamentales a tener una visión más clara de las personas que se encuentran en el país sin documentos.
¿Inmigrantes pueden votar en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el derecho al voto está reservado exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses. Los inmigrantes que no han adquirido la ciudadanía, como los residentes permanentes legales (poseedores de una "green card"), titulares de visas temporales o indocumentados, no pueden votar en elecciones federales, estatales ni en la mayoría de las locales. Esta restricción está respaldada por leyes federales, como la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996, que establece sanciones penales para los no ciudadanos que intenten votar en elecciones federales.
Sin embargo, algunas ciudades y municipios permiten que los inmigrantes legalmente residentes participen en elecciones locales, como en Winooski y Montpelier en Vermont, y en ciertas ciudades de Maryland y el Distrito de Columbia. Estas medidas son inusuales y no se aplican a elecciones federales ni estatales. Además, propuestas como la Ley de Salvaguardia de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (SAVE Act), que exigiría prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar, han sido aprobadas por la Cámara de Representantes, pero enfrentan oposición en el Senado y están sujetas a posibles vetos presidenciales.
