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Estados Unidos

¡Atención, Florida! Ron DeSantis propone ley para mejorar supervisión de becas escolares y evitar mal uso de fondos públicos

Florida impulsa el proyecto de ley SPB 7030 para mejorar la supervisión de becas escolares, asegurando que los fondos públicos sigan al estudiante y evitando su mal uso por instituciones privadas.

El estado de Florida propone la ley SPB 7030 para fortalecer la supervisión de programas de becas escolares y garantizar el uso adecuado de fondos públicos en educación privada. Foto: Composición LR/La Nación/El Economista.
El estado de Florida propone la ley SPB 7030 para fortalecer la supervisión de programas de becas escolares y garantizar el uso adecuado de fondos públicos en educación privada. Foto: Composición LR/La Nación/El Economista.

El estado de Florida está avanzando en una reforma legislativa destinada a mejorar la supervisión de los programas de becas escolares, los cuales permiten a las familias utilizar fondos públicos para financiar la educación privada de sus hijos. Esta iniciativa surge tras detectar irregularidades en el manejo de estos fondos por parte de algunas instituciones educativas privadas.​

El proyecto de ley SPB 7030, aprobado con apoyo bipartidista en el Senado estatal, busca garantizar que los recursos asignados sigan al estudiante y no permanezcan en las escuelas una vez que el alumno se haya retirado. De ser ratificado, entraría en vigor el 1 de julio de 2025.

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¿Qué impulsó a implementar el nuevo proyecto de ley SPB 7030?

En Florida, los programas de becas escolares han sido una herramienta clave para brindar a las familias la opción de elegir instituciones educativas privadas para sus hijos, financiadas con fondos públicos. Sin embargo, recientes investigaciones han revelado que algunas escuelas privadas retuvieron fondos incluso después de que los estudiantes beneficiarios abandonaran la institución, evidenciando fallas en el seguimiento y control de estos recursos.​

Ante esta problemática, el Senado de Florida propuso la ley SPB 7030, denominada "Programas de Becas Educativas", con el objetivo de fortalecer la supervisión y transparencia en la administración de las becas. Entre las medidas contempladas en el proyecto se incluyen:

  • Implementación de un sistema de seguimiento en tiempo real: Esto permitirá monitorear la asistencia y el progreso académico de los estudiantes beneficiarios, asegurando que los fondos se utilicen de manera adecuada y que las escuelas rindan cuentas sobre el desempeño de los alumnos.​
  • Revisión periódica de las instituciones participantes: Se establecerán auditorías regulares para verificar que las escuelas cumplan con los requisitos establecidos y que los fondos públicos se destinen exclusivamente a la educación de los estudiantes inscritos.​
  • Sanciones por mal uso de fondos: Las instituciones que incumplan las normativas enfrentarán penalizaciones que pueden incluir la devolución de los fondos recibidos y la exclusión de futuros programas de becas.​

Un caso similar en Texas y datos alentadores para Florida

Actualmente, según datos de marzo de 2025, aproximadamente 494,238 estudiantes en Florida reciben apoyo a través de estos programas de becas. La implementación de la ley SPB 7030 busca garantizar que cada dólar invertido en la educación de estos alumnos se utilice de manera efectiva y transparente.​ Es importante destacar que esta iniciativa legislativa refleja una tendencia observada en otros estados, como Texas, donde el gobernador Greg Abbott ha promovido medidas similares para asegurar la correcta utilización de los fondos educativos y mejorar la calidad de la educación privada financiada con recursos públicos.​

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha expresado su apoyo a la reforma, enfatizando la necesidad de proteger la integridad de los programas de becas y asegurar que los fondos públicos beneficien directamente a los estudiantes. Se espera que la Cámara de Representantes estatal evalúe el proyecto en las próximas semanas, y de ser aprobado, DeSantis podría promulgar la ley para su entrada en vigor el 1 de julio de 2025.​

La comunidad educativa y las familias beneficiarias de las becas han mostrado interés en las reformas propuestas, reconociendo la importancia de una supervisión más estricta para garantizar que los recursos se utilicen de manera adecuada. Al mismo tiempo, algunas instituciones privadas han expresado preocupación por la posible carga administrativa adicional que estas medidas podrían implicar.​