La defensa del Archivo General de la Nación: una labor incesante, por Natalia Sobrevilla

En el mito griego de Sísifo, un hombre castigado por los dioses debe subir un peñasco por la cuesta de una montaña, solo para verlo rodar una y otra vez al fondo del valle, debiendo volver a empezar la labor de llevarlo de nuevo hasta arriba por toda la eternidad. Después de casi un año de batallar en defensa del Archivo General de la Nación y ver que, de nuevo, estamos al borde de un desalojo, nos hace sentir en una situación semejante.

El tema del AGN no es nuevo; desde los gremios de archiveros e historiadores venimos alertando sobre los problemas que tiene la institución que alberga los papeles más importantes de nuestra nación desde hace décadas. Hace más de quince años, los papeles coloniales fueron trasladados “temporalmente” al local del antiguo Correo, donde corren el riesgo de que se desplome el techo o que se rompa el alcantarillado. Desde por lo menos el 2018, vengo escribiendo sobre los problemas que enfrenta el archivo republicano, dado que la sede de Palacio de Justicia debe ser entregada al Poder Judicial.

Los detalles del juicio que perdió en todas las instancias el AGN no vienen a cuento. El Poder Judicial le ganó en un juicio al Ministerio de Cultura el derecho de contar con estos espacios. En la sentencia de casación, la Corte Suprema señaló que su ejecución debe cumplirse garantizando la integridad y preservación del acervo documental que se encuentra en Palacio de Justicia. El Poder Judicial debe ser extremadamente cuidadoso respetando sus propios fallos y no debería desalojar al archivo hasta que se encuentre una solución que salvaguarde los valiosísimos documentos que nos pertenecen a todos los peruanos. El material custodiado por el AGN en los sótanos y oficinas del Poder Judicial son kilómetros de papeles únicos e irremplazables que nos definen como ciudadanos y cuentan con protección constitucional.

En septiembre del año pasado, cuando los documentos estaban a punto de ser trasladados a un galpón en un polígono industrial en el Callao, una campaña cívica, sostenida por miles de ciudadanos, historiadores y archiveros, y liderada por los sindicatos de trabajadores del AGN, detuvo aquel despropósito. El entonces jefe del Archivo fue cesado y el nuevo ministro de Cultura prometió una solución a largo plazo que incluía la construcción del nuevo local. El Ejecutivo, que en el discurso del 28 de julio prometió fondos para la construcción del nuevo local, entregó 50 millones de soles en el presupuesto del 2025.

La situación se presentaba promisoria; por primera vez en décadas, una solución parecía posible. Desde hace años se cuenta con el terreno, los planes de construcción, los papeles ante la municipalidad y ahora, finalmente, parecía haber luz al final del túnel con dinero para hacer el sueño realidad. El nuevo jefe del AGN preparó planes y comenzó a organizar el proceso, pero fue aquí donde comenzaron los problemas. Por un lado, el entonces jefe del AGN cayó en cuenta de que dos personas que trabajaban en su equipo y que habían venido directo del ministerio tenían graves y documentadas acusaciones de corrupción. Inmediatamente las sacó y explicó sus razones al ministro. Por otro lado, la presión por parte del Poder Judicial para salir de Palacio se redobló e, inexplicablemente, el 17 de enero el ministro Valencia firmó un acuerdo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, para desalojar el AGN en dos meses.

De regreso a la foja cero, una vez más con el peñasco en el valle, teniendo que subirlo a la cima de la montaña. El ministro le ofreció al exjefe del AGN los estacionamientos del Ministerio de Cultura y la Sala Kuélap para almacenar los documentos, como si se tratara de papeles que se pueden meter en una caja y mover de aquí para allá. Entre los poderosos motivos por los cuales esto no es aceptable está el hecho de que el traslado mismo de estos papeles tan delicados los pone en peligro de desaparición; la tinta ferrosa puede desprenderse con el movimiento o terminar de carcomer el papel si los cambios de temperatura y humedad son bruscos. Tampoco existe un catálogo completo y los documentos podrían desaparecer para siempre. No olvidemos que cada uno es único e irremplazable.

El acuerdo entre el ministro y la presidenta del Poder Judicial, hecho público por Infobae, habla de desalojar los llamados “espacios administrativos” y dejar los papeles en depósito, pero esto también es impracticable porque estos espacios son necesarios para labores como la conservación, la catalogación y la digitalización de los documentos, además de ser donde se le da servicio al público y donde también se almacenan documentos. ¿Esto querría decir que el AGN dejaría de funcionar? ¿O significaría que los papeles tendrían que moverse de Javier Prado al Paseo de los Héroes Navales? ¿Por qué, si lo que la presidenta del Poder Judicial necesita son espacios para sus dependencias administrativas, no podrían ser estas reubicadas temporalmente en espacios del Estado que se encuentran vacíos? ¿No sería esta una mejor solución hasta que se construya el nuevo local?

¿Cómo podemos asegurarnos los ciudadanos de que el nuevo local se construirá de la mejor manera, a la brevedad y sin actos de corrupción? Imagino que la mejor manera de hacerlo es comprometiendo a toda la sociedad peruana; todos tenemos una responsabilidad, ya que se trata de nuestros documentos. Si la Biblioteca Nacional se hizo con una campaña de donar un sol para la construcción, ¿por qué no podríamos hacer algo semejante? No solo pidiendo el apoyo de los individuos, sino también el de las instituciones, las universidades, los colegios profesionales, los gremios y demás. ¿No sería hora de hacer uso de las asociaciones público-privadas y que sean también las empresas las que pongan el hombro? Dado el peligro inminente, esta debería ser nuestra meta, organizados como una Asociación de Amigos del Archivo.

Estamos ante una situación desesperada y quizás la única manera de que el peñasco no vuelva a rodar hasta el fondo del valle sea unirnos en una gran cruzada cívica en defensa de nuestro patrimonio. El AGN es de todos y todos debemos defenderlo.