Según lo estipulado en el Código Civil peruano, la prescripción de deudas constituye un mecanismo legal que permite a los ciudadanos extinguir sus compromisos financieros tras un tiempo determinado, siempre que no se haya iniciado un proceso judicial de cobro.
En un contexto de alto nivel de endeudamiento, el conocimiento de este derecho podría servir para brindar diferentes alternativas para los deudores. Sin embargo, la posibilidad de acogerse a la prescripción requiere de una solicitud y no elimina automáticamente los registros negativos en el historial crediticio, lo cual afecta la calificación financiera.
Según lo dispuesto en el Código Civil, una deuda bancaria prescribe en Perú luego de diez años si el acreedor no ha iniciado acciones judiciales durante ese periodo. Transcurrido este tiempo, el deudor puede presentar una solicitud para declarar extinguida la obligación.
Entonces, una vez aceptada la prescripción, el acreedor pierde la posibilidad de exigir el pago mediante la vía judicial. Sin embargo, hasta que la prescripción sea formalmente reconocida, la deuda sigue siendo legalmente exigible.
Aunque una deuda haya sido extinguida por prescripción, su rastro permanece registrado en las centrales de riesgo por hasta cinco años. Esta información puede limitar el acceso del deudor a nuevos créditos o productos financieros.
De acuerdo con especialistas del sector, la prescripción no implica la eliminación automática del historial crediticio, ya que las entidades mantienen registros sobre el comportamiento de pago, incluso cuando las deudas ya no son judicialmente exigibles.
El marco legal vigente permite el embargo de ciertos bienes del deudor, siempre que estos no estén protegidos por figuras como el patrimonio familiar. Está permitido embargar vehículos, maquinarias o herramientas que no sean esenciales para la actividad profesional del deudor.
También se autoriza el embargo de remuneraciones o pensiones que excedan las cinco Unidades de Referencia Procesal (URP), equivalentes a S/2.575. Por otro lado, bienes como alimentos, prendas de uso personal o libros están excluidos de embargos, según lo establecido por el Código Civil peruano.
El Código Civil del Perú es un pilar fundamental en el sistema jurídico, ya que cumple diversas funciones esenciales. Este cuerpo normativo establece las reglas que rigen las interacciones entre individuos, tanto en el ámbito familiar como en el patrimonial. En su contenido se encuentran definidos los derechos y obligaciones en contratos, propiedad, sucesiones y responsabilidad civil, lo que brinda seguridad jurídica y previsibilidad en las acciones de los ciudadanos.
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