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Aviso importante para inmigrantes en EEUU: proyecto de ley que encarcelaría extranjeros sin estatus legal en este estado fue pospuesto hasta 2026

El Senado estatal de un estado en Estados Unidos aplaza hasta 2026 un proyecto de ley que buscaba sancionar penalmente a inmigrantes sin estatus legal, generando un álgido debate sobre inmigración.

El Senado aplaza hasta 2026 un proyecto de ley que buscaba sancionar a inmigrantes sin estatus legal. Foto: The New Yorker
El Senado aplaza hasta 2026 un proyecto de ley que buscaba sancionar a inmigrantes sin estatus legal. Foto: The New Yorker

Un proyecto de ley que buscaba imponer duras sanciones a los inmigrantes sin estatus legal en Estados Unidos fue aplazado hasta el año 2026 por el Senado estatal. La propuesta legislativa pretendía tipificar como delito la presencia ilegal en ese territorio, una medida que habría permitido encarcelar a extranjeros indocumentados y obligarlos a dejar el estado en un plazo de tres días tras su liberación.

La propuesta, promovida por legisladores republicanos, ha provocado una fuerte reacción negativa de organizaciones civiles, expertos en derecho y diversos sectores políticos. Aunque la medida no se implementará por el momento, su existencia refleja el enfoque del debate migratorio en ese estado y podría abrir la puerta a futuros intentos de adoptar políticas similares. La decisión de retrasar su aplicación responde a dudas legales y preocupaciones humanitarias.

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¿En qué estado se pospuso el proyecto de ley que encarcelaría inmigrantes sin estatus legal en EE.UU.?

La iniciativa fue presentada y discutida en el Senado de Tennessee, donde finalmente fue aplazada por decisión del Comité Estatal de Gobierno Local. El senador Richard Briggs, presidente del comité, solicitó la suspensión del trámite. La razón, según explicó, fue su inquietud personal por casos como el de una vecina canadiense con visa a punto de expirar por retrasos administrativos, quien podría verse afectada por una ley de este tipo a pesar de no representar ningún riesgo.

La medida, impulsada por el senador republicano Jack Johnson, fue diseñada como una ley “gatillo”, es decir, solo entraría en vigor si ocurren ciertas condiciones: la Corte Suprema de los Estados Unidos revierte su decisión de 2012 que prohíbe a los estados legislar en materia migratoria, se modifica la Constitución del país o normas similares permanecen vigentes en otros estados durante 60 días.

Estados Unidos: ¿qué medidas contra inmigrantes establecía el proyecto de ley en Tennessee?

  • Creación de un delito estatal para personas sin documentos legales que residan en Tennessee.
  • Posibilidad de encarcelar a inmigrantes indocumentados por su mera presencia en el estado.
  • Emisión de una orden obligatoria para abandonar Tennessee dentro de las 72 horas posteriores a su liberación.
  • Activación de la ley únicamente bajo condiciones específicas a nivel federal o en otros estados.
  • Justificación del proyecto como mecanismo para "desincentivar" la llegada de extranjeros sin estatus migratorio.
  • Exención de responsabilidad para el estado si no se cumplen las condiciones que activarían la ley.
  • El texto legislativo fue diseñado con el objetivo de posicionar a Tennessee como un estado menos atractivo para quienes no cuentan con autorización para permanecer en el país.

Postura de los partidarios y opositores del proyecto de ley en Tennessee

Los defensores del proyecto de ley argumentaron que su intención era proteger los recursos estatales y frenar el crecimiento de la inmigración irregular. Consideraron que Tennessee no debía convertirse en un destino para personas sin estatus legal, y plantearon que la legislación actuaría como un “disuasivo” para nuevos ingresos. El senador Johnson admitió que la propuesta entraría en conflicto con decisiones judiciales federales, pero insistió en su valor simbólico y como medida preventiva ante posibles cambios futuros.

Por otro lado, activistas y defensores de los inmigrantes calificaron la ley como inhumana y desproporcionada. Aseguraron que el texto ponía en riesgo a familias que han vivido durante años en Tennessee y que contribuyen activamente a la economía y la vida comunitaria. Además, cuestionaron la constitucionalidad de permitir que un estado asuma funciones que son exclusivas del gobierno federal en materia migratoria.