El agua se va calentando, ¿se dará cuenta el sapo?, por Miguel Palomino

En el Perú, las llamadas políticas de desarrollo frecuentemente son todo menos eso. Así, en diversas ocasiones hemos mencionado, por ejemplo, las exoneraciones tributarias que se otorgan a la Amazonía y que nada han hecho por el desarrollo de la región, pero sí mucho para que quienes sepan aprovecharlas obtengan ganancias ilegítimas de ellas. En total, según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas, las exoneraciones tributarias a la Amazonía tienen poco que mostrar a cambio de los 24,000 millones de soles anuales (¡0,5% del Producto Bruto Interno!) que le cuestan al fisco. Puntualmente quisiera referirme solo a la exoneración del Impuesto General a las Ventas (IGV) y del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles.

El Instituto Peruano de Economía (IPE) ha calculado que en los últimos 20 años se han dejado de recaudar 10,000 millones de soles por las exoneraciones al IGV e ISC a los combustibles en la Amazonía. ¿Quiénes han sido los beneficiarios de todos estos millones? Por las estadísticas, es claro que en buena parte los subsidios acabaron fuera de la región. ¿Cómo se explica sino que en Madre de Dios se consuma ocho veces más combustible por habitante que en el resto del Perú? No es que en Madre de Dios la gente se bañe en diésel. No, es que pagando los precios de Madre de Dios por el combustible se puede transportar a otros lugares donde puede ser vendido con una gran ganancia.

Este será siempre el resultado de todo subsidio no focalizado, es decir, que no esté cuidadosamente orientado a quienes en realidad merecen el subsidio. Pero la cosa es peor en este caso, porque la exoneración de impuestos no solo no beneficia, sino que perjudica a la región. En Madre de Dios, la exoneración del IGV y del ISC a los combustibles es un importante subsidio a la minería ilegal que está devastando a la región. Es decir, los peruanos estamos pagando a los mineros ilegales de oro para que destruyan nuestro medio ambiente y corrompan al país.

Hay que tener claro que este tipo de minería es tremendamente dañina, no importa la escala a la que se haga. En Madre de Dios se extrae el oro de los ríos tratándolo con cianuro, que luego se pierde en nuestra Amazonía, matando y contaminando todo a su paso. Según la agencia AID, en los últimos 20 años se han vertido más de 3,000 toneladas de cianuro en la Amazonía. ¡Esto sí que es claramente contaminante! No hay minería artesanal ni pequeña minería que pueda evitarlo ni justificarlo; por eso es que se tiene que combatir sin miramientos.

Como ya nos queda a todos claro por las noticias, la minería ilegal es sólo una parte del crimen que nunca viene solo. Usando nuevamente como ejemplo a Madre de Dios, la posibilidad de que una persona en la región sea víctima de un robo a mano armada es casi el cuádruple ahí que en el resto del país. Para saber lo mucho que un tipo de crimen se relaciona con otros, pregúntenle a cualquier ciudadano de La Libertad. Como he comentado antes en esta columna (“La Libertad de extorsionar”, 05/03/2024), en Trujillo la extorsión y el robo son una realidad con la que han tenido que lidiar sus ciudadanos desde hace unos veinte años. No sorprende que estas modalidades delictivas se hallan extendido a la provincia vecina de Pataz, debido a que la combinación de minería ilegal de oro junto con la ausencia del Estado presenta una excelente oportunidad.

El crimen sigue las oportunidades. Existirá donde existe una baja probabilidad de ser castigado y haya mucho dinero de por medio. Es por eso que la minería ilegal de oro ha prosperado en Pataz. Porque en La Libertad, lastimosamente, la justicia es especialmente endeble y porque ahí existen ricas minas de oro. El precio del oro ha batido todos los récords y ha subido hasta superar los 2,800 dólares por onza (¡aproximadamente 100,000 dólares por kilo!). El IPE calcula que la minería ilegal de oro produce el 46% del oro del país (producía solo el 18% hace 10 años), por un valor de aproximadamente ¡7,000 millones de dólares! Esta cifra es mucho mayor que la que corresponde al narcotráfico en el Perú. Es decir, hoy el narcotráfico es el hermanito menor de la minería ilegal.

Es relativamente fácil extorsionar y robar a los mineros de oro en Pataz (muchos ilegales), como lo es tomar directamente la producción de oro en Madre de Dios. Pero no debemos pensar que esto que sucede en zonas alejadas de las grandes urbes no se extenderá, de diferentes maneras, a todo el país, constituyéndose en la peor amenaza criminal para todos los peruanos.

No debemos olvidar que la minería ilegal, como todo crimen organizado, explota las oportunidades que se le dan. Vieron una oportunidad de protegerse a sí mismos mediante la representación parlamentaria y la tomaron. Hoy tienen suficientes representantes en el Congreso como para asegurar que se prolongue indefinidamente la legislación que autoriza a la minería ilegal a seguir operando y que, a la vez, protege las prácticas ilegales sobre las cuales se basa. Todas las señales indican que estarán igual de representados, si no más, en el próximo Congreso, donde no faltarán los caciques locales en busca del generoso financiamiento que entrega, a cambio de algo, la minería ilegal.

Esta semana la SUNAT realizó un operativo en contra de la minería ilegal que esperamos sea seguido de muchos más. Como mencionó el superintendente de esa entidad, Víctor Mejía, dicho operativo incluyo la detención de 60 camiones con material minero indocumentado en la carretera Panamericana Sur a la altura de Chala y la inspección de 11 plantas de procesamiento de mineral de la zona. Como resultado, se incautaron 140 toneladas de minerales de oro, zinc y plomo además de 6 toneladas de cianuro y 49 toneladas de óxido de calcio. Este mineral es procesado en dichas plantas, las que utilizan el cianuro más otros químicos para extraer el oro, de manera semejante a la que se extrae y luego contamina los ríos de la Amazonía. Que éste sea el producto de un día de intervención da a entender la magnitud del problema.

Lo dicho por el señor Mejía deja en claro que se sabe cuál es la forma de detener la minería ilegal. Es atacando a algunos insumos claves, las rutas usadas y las plantas procesadoras, que son fáciles de localizar y controlar. Es necesario que estos esfuerzos se multipliquen y nos demuestren que aún no hemos llegado al punto en que no se puede enfrentar a la minería informal.

Hace solo algunos años el mayor riesgo que el crimen representaba para el país era que el Perú quedara convertido en un narcoestado. Hoy es urgente que reconozcamos que el verdadero riesgo es que el crimen tome el control del país de la mano de la minería ilegal. No vaya a ser que seamos como el sapo del cuento, que se queda en el agua caliente hasta que ya es muy tarde.