María Agüero no logra frenar Caso Mochasueldos: Poder Judicial confirma legalidad del allanamiento a vivienda y oficina
La congresista de Perú Libre es investigada por presuntamente haber abusado de su cargo para obligar a los trabajadores de su despacho a entregar parte de sus salarios a la parlamentaria, incrementando su patrimonio de forma ilegal.
El Poder Judicial declaró infundado el recurso de apelación presentado por la congresista María Agüero, de Perú Libre, quien buscaba anular o revocar la resolución emitida el 30 de octubre de 2024 por el juez supremo Juan Carlos Checkley. Dicha resolución autorizó el descerraje, allanamiento y registro de su domicilio y vehículo, así como la incautación de bienes y el levantamiento del secreto de sus comunicaciones en el marco de una investigación en curso.
La defensa de la legisladora argumentó que la medida vulnera el debido proceso y principios como la igualdad de armas, legalidad procesal y proporcionalidad. Según su alegato, la resolución carece de una justificación adecuada, ya que permitió las acciones restrictivas sin garantizar la asignación de defensores públicos, tal como lo establece el Código Procesal Penal tras su modificación mediante la Ley 32130.
Sin embargo, el tribunal liderado por el juez Supremo César San Martín, precisó que las medidas ordenadas judicialmente tienen relación con la investigación de hechos punibles concretos y se sustentan en una base objetiva.
“Que, siendo así, la resolución recurrida está arreglada a derecho. Debe desestimarse el recurso defensivo”, expresó San Martín.
¿Por qué se le investiga a la congresista María Agüero?
La congresista María Agüero enfrenta una investigación por presuntamente recortar los salarios de al menos 12 empleados de su despacho y otras áreas bajo su dirección. Según la Fiscalía, entre junio de 2022 y mayo de 2023, Agüero habría inducido u obligado a sus trabajadores a entregar parte de sus remuneraciones mensuales, acumulando aproximadamente S/ 135.000. Este dinero habría sido recolectado a través de sus asesores César De la Cruz Canales y Edson Flores Valencia.
Testimonios de excolaboradores respaldan estas acusaciones. Por ejemplo, Richard Medina Gómez declaró haber realizado transferencias bancarias a De la Cruz con conceptos como "Diezmo Julio" y "Diezmo Agosto". Asimismo, Ivonne Anquise y Lucette Mamani confirmaron haber entregado dinero como aportes al partido o apoyo partidario.
En respuesta a estas denuncias, la Comisión de Ética del Congreso aprobó, con 11 votos a favor, iniciar una investigación contra Agüero por el presunto recorte de sueldos a sus trabajadores. Paralelamente, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para De la Cruz y Flores, acusados de ser los encargados de recolectar el dinero de los empleados del despacho de la congresista.
La defensa de Agüero sostiene que ella no ha recibido ningún dinero y que sus cuentas son transparentes. Sin embargo, la Fiscalía ha identificado transferencias que contradicen esta afirmación. El caso continúa en investigación, y se espera que tanto el Congreso como el Ministerio Público determinen las responsabilidades correspondientes.