Perú intenta replicar deportaciones de Estados Unidos: extranjeros podrían ser expulsados por estos delitos
El proyecto de ley, presentado por el congresista Miguel Ciccia, prevé modificaciones que permitirían expulsiones inmediatas, para generar un intenso debate sobre derechos humanos.
Al mismo estilo de Estados Unidos, el Congreso de la República debate una iniciativa que busca endurecer las políticas migratorias, con la que se replicarían las deportaciones que plantea Donald Trump para extranjeros. El proyecto de ley 10087, presentado por el congresista Miguel Ciccia Vásquez, de Renovación Popular, propone expulsar a los extranjeros detenidos en flagrancia por una amplia variedad de delitos.
Para ello, la propuesta busca modificar el artículo 58 del Decreto Legislativo 1350, que actualmente solo abarca la deportación por amenazas al orden público, interno o a la seguridad nacional. De esta manera, de aprobarse esta nueva normativa, serían expulsados quienes sean sorprendidos cometiendo delitos en flagrancia. Esta medida presentada por Ciccia busca reducir la delincuencia y fortalecer el control migratorio.
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Debate sobre proyecto de ley que iría contra el derecho internacional
El proyecto de ley 10087, que propone la expulsión inmediata de extranjeros detenidos en flagrancia en Perú, ha generado un intenso debate. Diversas organizaciones y expertos en derechos, entre ellos el penalista Carlos Rivera, han calificado la iniciativa como una medida desproporcionada y contraria a los principios del derecho internacional. Según críticos, esta norma vulneraría los derechos de los migrantes al no garantizar el debido proceso antes de su expulsión.
“Me parece una brutalidad, contraria al derecho de los migrantes y al derecho internacional”, señaló Rivera sobre el proyecto, para destacar el riesgo de que se criminalice a la población extranjera sin un análisis adecuado de cada caso. Por su parte, el proyecto se encuentra evaluando por la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas, y Justicia y Derechos Humanos.
Por su parte, para el también especialista en derecho Miguel Arrese, este proyecto sería correcto, puesto que no infringe ninguna ley ni acuerdo internacional, al tratarse de delitos en flagrancia. Para Arrese, la flagrancia supone la comisión de un delito en el que concurren inmediatez temporal, es decir, que el delito se esté cometiendo o se haya cometido instantes antes.
Asimismo, la inmediatez personal explica que el presunto delincuente se encuentre en el lugar de los hechos en el momento de la comisión del delito y esté relacionado con el objeto o los instrumentos del delito, advirtiéndose una prueba evidente de su participación en el evento delictivo.
Además, en palabras del especialista, “expulsar a extranjeros que fueron detenidos cometiendo delitos en flagrancia, no vulnera ningún derecho, por cuanto no se puede permitir tener dentro del territorio nacional extranjeros que infringen la ley”, detalló.
Extranjeros podrían ser expulsados de Perú por estos delitos
De aprobarse este proyecto de ley, las autoridades estarían en facultades de expulsar de Perú a extranjeros que cometan los siguientes delitos:
- Contra el patrimonio
- Contra la seguridad y la tranquilidad pública
- Contra el orden económico, financiero y monetario
- Contra la fe pública; contra el Estado y la defensa nacional
- Contra la humanidad y delitos ambientales y tributarios
A pesar de haber sido recibida por ciertos sectores ante el incremento de la inseguridad en diferentes partes del país, las autoridades deberán decidir si esta medida cumple con la necesidad social y no va contra los derechos de los migrantes.
Propuesta plantea ahorrar gastos al Estado en juicios y encarcelamientos
Finalmente, este proyecto de ley también plantea la posibilidad de restar gastos para el Estado en cuanto a juicios y encarcelamientos para extranjeros que sean procesados. Según declaraciones del exviceministro de Justicia, Alex Rueda Borrero, recogidas en la presentación de la propuesta, el Perú invierte entre S/900 y S/1.000 mensuales por cada interno, lo que representa un gasto anual de hasta S/12.000 por persona. De esta manera, se disminuiría la carga económica y se optimizarían los recursos carcelarios.