Pescadores y líderes indígenas exigen remediación ambiental por petrolera en sus territorios y el mar: "Tengo metales pesados en mi sangre"

Con el propósito de visibilizar y denunciar la contaminación petrolera que afecta los ríos y el litoral peruano, líderes indígenas de la Amazonía y pescadores artesanales del centro y norte del país se reunieron en Ventanilla los días 28, 29 y 30 de marzo. Durante el encuentro, abordaron la problemática generada por la explotación de hidrocarburos y exigieron tanto a las empresas responsables como al Estado peruano una remediación efectiva y una fiscalización rigurosa.

Pescadores de Ventanilla y Talara, junto con representantes indígenas de diversas comunidades amazónicas, compartieron testimonios sobre el impacto del petróleo en sus territorios y en el mar. Esta articulación buscó evidenciar los efectos negativos de la actividad petrolera y demandar acciones concretas para la recuperación de las zonas afectadas.

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Según denuncian, ni el gobierno central ni las empresas privadas, entre ellas Repsol y Petroperú, han cumplido con las labores de remediación ambiental ni con la compensación a las comunidades perjudicadas. "Los distintos gobiernos han protegido impunemente a empresarios, políticos y grandes ciudades en nombre del ‘desarrollo’, mientras a nosotros nos han dejado contaminación, pobreza y enfermedades", señalan en un pronunciamiento conjunto.

La contaminación de Repsol en Ventanilla

El pasado 30 de marzo, pescadores de Ventanilla y Talara, junto con representantes indígenas de diversas comunidades amazónicas, se congregaron en la playa Cavero para exponer las consecuencias de la actividad petrolera en el medioambiente. Mercedes Yovera, vicepresidenta de la Federación de Pescadores Artesanales y Ancestrales de los distritos de Ventanilla, Ancón, Chancay, Aucallama y Santa Rosa, dio inicio al encuentro señalando el lugar donde ocurrió el desastre ecológico del 15 de enero de 2022.

"Esta zona fue denominada ‘zona cero’ [Playa Cavero], donde no solo perdimos nuestra actividad pesquera, sino también todo el ecosistema que habitaba aquí", expresó.

Han pasado tres años desde que 11,900 barriles de petróleo crudo de la Refinería La Pampilla, administrada por la empresa española Repsol, se derramaron en el mar de Ventanilla. El desastre afectó 48 playas del litoral costero peruano y provocó la muerte de más de un millar de especies marinas. Más de 34,000 personas, entre pescadores artesanales y comerciantes, continúan reclamando indemnizaciones y la remediación total de las zonas afectadas.

"Toda negociación tiene un punto medio. Jamás hubo negociación con Repsol, sino imposición. Defensoría [del Pueblo] ha emitido informes sobre el tema, pero eso queda en el papel", denuncia Germán Melchor, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales del Serpentín de Pasamayo Toma y Calla.

Según el último informe publicado este año por CooperAcción, con el apoyo de Oxfam, el 60% del crudo derramado no ha sido recuperado y aún permanece en el ecosistema. Este dato, basado en los propios informes de rehabilitación presentados por Repsol, revela que solo el 40% del petróleo ha sido retirado, mientras que el resto permanece en zonas calificadas por la empresa como «inaccesibles» o bien disuelto y disperso en el agua y en el fondo marino.

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"Las especies ya no son sostenibles en esta zona. Por naturaleza, el calamar y el pejerrey deberían estar en su temporada, pero no hay. La producción ha disminuido. Lamentablemente, esta empresa transnacional nos hizo firmar acuerdos en medio de la desesperación. Hay muchas áreas donde Repsol no ha intervenido", sentenció Luis Díaz, presidente de los pescadores artesanales de Aucallama.

Por su parte, en un comunicado emitido el 28 de enero de 2025, la petrolera sostiene que los planes de remediación ambiental han sido presentados dentro de los plazos correspondientes y que aún se encuentran en evaluación por parte del Ministerio de Energía y Minas, autoridad competente en la materia. Asimismo, afirma haber compensado a más de 10.500 personas, incluyendo a aquellas registradas en el Padrón y a otras que presentaron reclamaciones y demostraron haber sido afectadas en el momento del derrame.

En tanto, un último informe de la Defensoría del Pueblo, publicado el 25 de febrero de 2025, señala que hasta la fecha no se cuenta con una valorización económica del daño ambiental ni con una estimación precisa de cuánto petróleo aún permanece en el mar. "Los informes de la empresa indican que, de los 12.000 barriles derramados, solo el 40% ha sido recuperado, lo que significa que más de 7.200 barriles continúan afectando nuestro litoral", se lee en el comunicado.

Asimismo, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha informado que el 72% de los planes de rehabilitación presentados por Repsol han sido observados por los organismos competentes, lo que evidencia la necesidad de ajustes para garantizar una remediación efectiva.

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El petróleo en la Amazonía

Tras la salida de Altamesa Energy, Petroperú busca un nuevo operador para el Lote 192, en Loreto. Sin embargo, líderes indígenas denuncian que la explotación petrolera en la región ha causado daños irreversibles durante más de 50 años. "Estamos contaminados, tenemos metales pesados en la sangre y aun así nos imponen la explotación petrolera. Imagínense si no les hacen caso a ustedes [pescadores de Ventanilla], qué nos espera a los que estamos en la frontera", sentencia Aurelio Chino Dahua, presidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).

Por su parte, Olivia Bisa, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, denuncia la explotación del Lote 64, operado por GeoPark y Petroperú, que afecta los territorios de los pueblos chapra, wampís y achuar. "El petróleo es muerte, es un virus mortal", advierte.

Este 31 de marzo, en el Congreso de la República, se realizó la Segunda Audiencia Pública sobre el financiamiento del petróleo y gas en la Amazonía, donde líderes como Robinson Sandi, presidente de la Organización del Pueblo Indígena Kichwa Amazónico de la Frontera Perú-Ecuador (OPIKAFPE), exigieron remediación para las zonas afectadas por el crudo. "Nos criminalizan, nos acusan de provocar los derrames, pero tras 50 años de explotación, los oleoductos están deteriorados. Nosotros no vemos ningún beneficio ni desarrollo en la explotación de hidrocarburos", sentencia Sandi.

En julio de 2024, el Gobierno Territorial Autónomo Awajún presentó una denuncia penal contra Petroperú por el derrame de petróleo ocurrido en enero de 2016 en el centro poblado de Chiriaco, distrito de Imaza, Amazonas. Este incidente afectó a 45 comunidades nativas y expuso a 243 personas al crudo, muchas de ellas menores de edad. A pesar de una sentencia judicial en 2022 que ordenaba a Petroperú brindar atención médica gratuita a los afectados y ejecutar acciones de emergencia, la empresa no ha cumplido con estas disposiciones hasta la fecha.

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El impacto de los hidrocarburos en Talara

El 21 de diciembre de 2024, un derrame de 37.8 galones de hidrocarburo ocurrió en el mar de Lobitos (Talara, Piura) cerca del Lote Z-69, operado por Petroperú. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la contaminación afectó un área de aproximadamente 10,000 m², poniendo en riesgo la biodiversidad próxima a la Reserva Mar Tropical de Grau.

"El Estado peruano es el responsable de todo esto, porque ellos aprueban los contratos. Pero cuando ocurren los derrames, se hacen de la vista gorda. Dicen que podemos salir a pescar, pero ¿qué hago yo con un pescado contaminado? ¿Dónde está la responsabilidad humana?", cuestionó uno de los pescadores de Lobitos.

El 3 y 4 de febrero, pescadores del gremio San Pedro de Talara bloquearon accesos a la refinería y plantas de venta de Petroperú en protesta por la desigualdad en los vales de consumo otorgados como compensación. Mientras a los pescadores de Lobitos se les entregaron vales de 300 soles semanales, a los de Talara solo se les asignaron 200 soles. La Policía Nacional despejó las vías de manera violenta, dejando heridos por perdigones. Por su parte, Petroperú advirtió que todos los protocolo de contingencia fueron activados tras detectarse la presencia de hidrocarburo en las playas.

"No se puede hacer extractivismo de esta manera. Solo organizados podemos defendernos ante tanto abuso y maltrato", declaró un pescador de Sechura durante el encuentro del pasado 30 de marzo.

Por su parte, los líderes indígenas y pescadores artesanales exigen que se detenga la expansión de nuevas actividades extractivas, así como la promoción de una transición energética equitativa. Los gremios han anunciado que, para el mes de junio, convocarán una nueva reunión para evaluar los progresos alcanzados.